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lunes 18 de abril de 2016

Proteger a nuestros menores con garantías.

  • Articulo de opinion, públicado en La Verdad, de Carlos Bravo

Legislar pensando exclusivamente en el efecto inmediato (y efímero) de los titulares de prensa  sin aplicar el mínimo rigor técnico, ni es un buen ejercicio político ni tampoco resulta eficaz para garantizar el objetivo que formalmente se busca. En el caso de la protección de los menores contra el abuso sexual hemos tenido (y aún sufrimos hoy) un claro ejemplo.
 
La ratificación por España del Convenio para la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual de 2007, y la Directiva del Parlamento Europeo de 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, han supuesto la exigencia de la actualización normativa española en esta materia. Como consecuencia de ellos, en la pasada legislatura la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, incluyó como un nuevo requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores.
 
Se trata sin duda de un objetivo, la protección de nuestros menores, plenamente compartido por toda la sociedad del que CCOO es un firme defensor. Sin embargo, la forma de conseguir este noble fin ha dejado bastante que desear.
 
A mediados de 2015 el Gobierno se limitó a promulgar una Ley en la que se incluía una obligación genérica para todos los trabajadores cuyo trabajo "implique contacto habitual con menores", sin detenerse a regular los aspectos técnicos que rodean estas situaciones (qué colectivos en concreto están afectados, cómo ha de acreditarse tal obligación, qué garantías legales deben respetar las empresas y administraciones, qué derechos y obligaciones tienen los trabajadores y empresas obligados, etc.). Son precisamente todos estos detalles técnicos los que finalmente aseguran el alcance y la calidad del derecho a la protección que tienen los menores.
 
Sin embargo, el Gobierno se limitó a "hacerse la foto" y no reguló la mayoría de estos aspectos, derivando la responsabilidad última directamente sobre los trabajadores, empresas, administraciones públicas, colegios, AMPAS, hospitales, asociaciones deportivas, ….
 
El primer problema práctico es el de qué trabajadores/as están obligados a cumplir con la obligación de acreditar que carecen de delitos sexuales (por ejemplo, ¿existe obligación en el caso del personal de cocina o limpieza de colegios, hospitales, centros de ocio o deportivos,…?). Se trata de un problema irresuelto y del que ni el Ministerio de Justicia ni el de Empleo parecen querer hacerse responsables.
 
El segundo problema deriva del instrumento jurídico con el que los trabajadores deben acreditar la ausencia de estos delitos. La norma establece que debe hacerse mediante un certificado de penales específico, pero pese a que la Ley entró en vigor en julio de 2015, el Ministerio de Justicia no ha comenzado a emitirlo hasta el mes de marzo de 2016.
 
El tercer problema radica en las dificultades técnicas que la administración de justicia presenta para garantizar el acceso de las plantillas a este tipo de certificados. Las oficinas físicas (gerencias territoriales) para solicitarlo presencialmente son exclusivamente una por CCAA, y el acceso telemático sólo es posible cuando el trabajador dispone de dni-electrónico. La solución dada por la administración para que los trabajadores deleguen la solicitud directamente en las empresas no está exenta de riesgos legales habida cuenta de la especial sensibilidad de este tipo de datos de carácter personal.
 
El cuarto problema radica en la desinformación que sufren las empresas respecto de qué obligaciones tienen que cumplir a la hora de utilizar y custodiar estos certificados de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos; lo que supone un grave problema de inseguridad jurídica también para las empresas.
 
El quinto problema se presenta a la hora de determinar con qué periodicidad han de exigirse este tipo de certificaciones a las plantillas (¿basta con una comunicación inicial o es necesario su renovación periódica?, y esta último casi, ¿con qué periodicidad?).
 
Podríamos seguir añadiendo al listado cuestiones tanto o más relevantes como el vacío normativo existente en las situaciones de subcontratación (¿la responsabilidad la tiene la empresa principal o la contratista?), qué hacer en la subrogación o sucesión de empresas, casos de cancelación de antecedentes, etc.
 
Son en todos estos detalles en los que radica la verdadera garantía del derecho a la protección que desde CCOO queremos y defendemos para nuestros menores. Esperamos que el nuevo gobierno los regule adecuadamente.
 

Proteger a nuestros menores con garantías.

lunes 18 de abril de 2016

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